Abogados de multas del Ayuntamiento de Barcelona

Desde que se notifica la denuncia hay 20 días naturales para alegar y aportar o proponer prueba, o para pagar con la reducción del 50 % (artículos 93 a 95 de la Ley de Tráfico; la reducción no vale para las infracciones excluidas, como no identificar al conductor). Contra la resolución sancionadora cabe recurso de reposición, que es potestativo, en un mes desde el día siguiente a su notificación (artículo 96); también puede acudirse directamente al contencioso-administrativo, en dos meses desde esa notificación, y si se interpone la reposición esos dos meses se cuentan desde que se resuelve o se entiende desestimada (artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). La notificación indica el órgano y el recurso que corresponden.

Son dos caminos que se excluyen. El pago con reducción por pronto pago cierra el expediente y supone, con carácter general, renunciar a recurrir en vía administrativa: sale más barato, pero la sanción queda firme y produce sus efectos, incluidos los puntos en materia de tráfico. Recurrir hace perder la reducción y abre la posibilidad de que la sanción se anule. Para decidir miramos el importe, si hay puntos o cierre de actividad de por medio, y si la notificación presenta defectos aprovechables.

Depende del trámite y del tipo de sanción, y la propia notificación indica qué recurso cabe y de cuánto tiempo se dispone. Como referencia general, el recurso potestativo de reposición y el de alzada tienen un plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación, y el contencioso-administrativo, de dos meses desde la notificación del acto que agota la vía administrativa. Los plazos de alegaciones dentro del expediente son más cortos y varían según la norma aplicable.

A veces sí. En fase de apremio el margen es más estrecho, pero hay que comprobar cómo se practicó la notificación original: si no se intentó correctamente en el domicilio antes de acudir al tablón edictal, o si el expediente ha caducado o la infracción ha prescrito, existen motivos de impugnación. No siempre prospera, pero conviene revisarlo antes de darlo por perdido.

Sí. Además de las sanciones, el despacho lleva la relación ordinaria con el Ayuntamiento: licencias de obras, de actividad, de terraza o de ocupación de la vía pública, requerimientos de subsanación, órdenes de ejecución y expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística. A menudo el expediente sancionador y el urbanístico avanzan en paralelo y conviene tratarlos como un solo asunto.

En la vía administrativa no es obligatorio: cualquiera puede presentar alegaciones o un recurso de reposición por su cuenta. Otra cosa es que resulte eficaz, porque un escrito genérico suele resolverse con una desestimación estándar. En la vía contencioso-administrativa la asistencia de abogado sí es necesaria. La primera consulta sirve para valorar si el asunto justifica ese paso.

No. Pagar con reducción supone renunciar a las alegaciones, que se tienen por no presentadas; el procedimiento termina el día del pago y solo queda el recurso contencioso-administrativo, cuyo plazo empieza al día siguiente del pago (artículo 94 de la Ley de Tráfico). El descuento no elimina la pérdida de puntos que corresponda.