Calculadora de indemnización por accidente de tráfico

Las indemnizaciones por daños personales en accidentes de circulación se calculan con el sistema de valoración del Real Decreto Legislativo 8/2004, en la redacción dada por la Ley 35/2015, conocido como baremo de tráfico. No es una tarifa única que se consulte en una línea: es un sistema de partidas que se suman y que se acreditan por separado. Saber cuáles son es la diferencia entre aceptar lo primero que ofrecen y saber qué falta en la oferta.

Los días: cuántos son y de qué clase

La primera partida parece la más sencilla y no lo es. No se cuentan «días de baja» sin más: la ley distingue el perjuicio personal básico —el simple transcurso del tiempo hasta la estabilización— del perjuicio personal particular, que gradúa los días según cuánta calidad de vida se ha perdido, y que valora aparte los días de ingreso hospitalario y los de intervención quirúrgica. Un mismo periodo de recuperación puede computarse casi entero como perjuicio grave o casi entero como básico, y la diferencia entre una cosa y otra no es menor.

Lo que decide de qué clase son esos días es la documentación médica, no lo que uno recuerde. Un tratamiento seguido y bien documentado —consultas de seguimiento, sesiones de rehabilitación, pruebas de imagen— sostiene un periodo de curación largo. Una historia clínica con lagunas de semanas invita a la aseguradora a recortarlo, y puede hacerlo. Por eso acudir a urgencias el mismo día del accidente es importante incluso cuando las molestias parecen menores: un lapso de varios días entre el siniestro y la primera asistencia es un argumento habitual de las compañías para discutir que las lesiones vengan del accidente.

El cómputo termina el día de la estabilización o del alta, no el día en que uno se encuentra bien. Y esa fecha importa más allá de los días, porque suele ser el punto de partida del plazo para reclamar.

Las secuelas y su puntuación: de ellas depende buena parte del importe

Las secuelas son las limitaciones que quedan cuando ya no se espera mejoría. Se puntúan con tablas médicas y esa puntuación se modula por la edad del lesionado: la misma limitación pesa distinto a los treinta años que a los setenta, porque se va a arrastrar durante más tiempo. Junto al perjuicio funcional se puntúa el perjuicio estético, que va aparte y que en cicatrices visibles o cojeras tiene entidad propia.

Este es uno de los puntos clave de la reclamación. Dos informes médicos sobre las mismas lesiones pueden diferir sustancialmente en puntos, y cada punto tiene traducción económica. La aseguradora cita al lesionado con su propio médico, y el informe que sale de ahí es el que sostiene la oferta que se recibirá después. Contraponer una valoración de un médico especialista en valoración del daño corporal, independiente de la compañía, puede cambiar la cifra. No es un trámite: es una prueba importante del asunto.

Hay además secuelas que exigen mirar hacia adelante. Cuando la limitación va a requerir rehabilitación continuada, prótesis, ayudas técnicas o adaptación de la vivienda, esos gastos futuros forman parte de la reclamación aunque todavía no se hayan pagado. Si no se piden en su momento, después puede ser tarde para pedirlos.

El lucro cesante: lo que se deja de ingresar

Es una partida que se olvida con frecuencia. Cubre los ingresos dejados de percibir durante la baja y, cuando la secuela impide seguir trabajando en la misma actividad, el perjuicio patrimonial futuro. En un asalariado con nómina se acredita con facilidad: basta comparar lo cobrado con lo que se habría cobrado. En un autónomo o en quien tiene ingresos irregulares hay que reconstruirlo con declaraciones, facturación de ejercicios anteriores y contratos, y ahí es donde se cae la reclamación de mucha gente que sí tenía derecho a cobrarlo.

No se estima a ojo ni se acepta de palabra: se documenta. Quien vaya a reclamar lucro cesante debe empezar a reunir esa documentación desde el principio, no cuando la aseguradora ya ha hecho su oferta.

Los gastos y los daños materiales

El daño emergente son los gastos que el accidente ha obligado a hacer: asistencia sanitaria, rehabilitación, prótesis, desplazamientos a consultas, y la previsión de gastos futuros cuando la secuela los exige. Aparte van los daños materiales: la reparación del vehículo o su valor venal si no compensa repararlo, los objetos personales dañados —casco, gafas, ropa— y los gastos de grúa y depósito.

Todo esto se cobra si está justificado y se pierde si no lo está. Guardar cada factura, cada tique de aparcamiento del hospital y cada justificante de desplazamiento parece exagerado en el momento y deja de parecerlo cuando hay que sumarlo.

Quién responde, y en qué proporción: la culpa concurrente

Antes de calcular hay que saber quién paga y cuánto le corresponde pagar. En la circulación de vehículos a motor rige un régimen de responsabilidad objetiva por los daños personales: el conductor responde salvo que el daño se deba exclusivamente a la conducta del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción. Eso explica que, en un atropello, la conducta imprudente del peatón pueda reducir la indemnización, hasta un máximo del 75 % y con excepciones como la de los menores de catorce años (artículo 1.2 del texto refundido), y que solo la excluya si su culpa fue exclusiva.

En una colisión por alcance la responsabilidad se atribuye normalmente al vehículo que circula detrás, por incumplir el deber de mantener la distancia de seguridad; es una presunción que admite prueba en contrario —frenada injustificada, marcha atrás, luces de freno inoperativas—. En motocicletas los conflictos habituales son los cambios de carril sin comprobar el ángulo muerto y la apertura de puertas desde vehículos estacionados. Y en patinetes y bicicletas se añade si el vehículo cumplía la ordenanza municipal, lo que puede influir en la concurrencia de culpas.

Discutir el reparto de responsabilidad es, en la práctica, discutir dinero: un mismo daño con una parte de culpa atribuida al lesionado da un resultado distinto. Cuando el causante no tenía seguro, es desconocido o el vehículo era robado, responde el Consorcio de Compensación de Seguros, con sus propias reglas y plazos. Y cuando el accidente se debe al mal estado de la vía, la reclamación se dirige contra la Administración titular por responsabilidad patrimonial, por la vía administrativa.

La oferta motivada de la aseguradora

El sistema está diseñado para resolverse sin pleito, y la mayoría de los asuntos terminan en la fase extrajudicial. La reclamación previa a la aseguradora es obligatoria antes de demandar, y a partir de ahí la compañía debe formular una oferta motivada si acepta la responsabilidad, o una respuesta motivada si la rechaza, explicando por qué. No responder, o hacerlo de forma injustificada, tiene consecuencias: activa el interés especial de demora del contrato de seguro.

Una oferta motivada se compara partida por partida, nunca por el total. Es frecuente que el número global parezca razonable y que, al abrirlo, falte entero el lucro cesante, o que las secuelas estén puntuadas por debajo, o que no se haya recogido el perjuicio estético. Ahí es donde se decide si conviene aceptar o seguir. Y conviene recordar que un finiquito firmado puede cerrar la reclamación, incluidos los daños que todavía no se conocían.

Qué tablas se aplican: las del año que toca

Las cuantías del baremo se actualizan cada 1 de enero con el IPC del año anterior y la Dirección General de Seguros las publica por resolución. La ley parte de las vigentes en la fecha del accidente y las actualiza al año en que se fija el importe, por acuerdo con la aseguradora o por sentencia; la edad que cuenta es también la del día del accidente. Las de 2026 son las que usa la calculadora de esta página.