Divorcio en Cataluña: lo que cambia frente al derecho civil común

El derecho a pedir el divorcio, sin alegar causa, y el trámite para conseguirlo son iguales en toda España: los fija el Código Civil, competencia exclusiva del Estado porque la Constitución le reserva las «relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio» aunque exista derecho civil foral (art. 149.1.8.ª CE). Por eso el plazo de tres meses desde la boda y la posibilidad de acudir a notario son los mismos en Barcelona que en Sevilla.

Lo que cambia no es si uno se puede divorciar, sino qué efectos tiene la ruptura: el régimen económico, la compensación por el trabajo en casa, quién se queda la vivienda y cómo se documenta la guarda. En los conflictos entre leyes civiles dentro de España, la ley personal se determina por la vecindad civil (art. 16.1.1.ª CC), pero eso no significa que baste con mirar dónde vive cada cónyuge. Para los efectos del matrimonio entre españoles, el artículo 16.3 remite a los criterios del artículo 9.2: primero, la ley personal común al casarse; si no la hay, la ley personal o de residencia habitual que ambos hayan elegido antes de la boda; sin elección, la residencia habitual común inmediatamente posterior al matrimonio; y, si tampoco existe, la ley del lugar de celebración.

Si un cónyuge ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro, o trabajó para el otro sin retribución o con una insuficiente, tiene derecho a una compensación cuando se extinga el régimen —separación, divorcio, nulidad, muerte o cese de la convivencia— siempre que el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior (art. 232-5.1 y 2 CCCat). No hace falta demostrar un perjuicio concreto: basta la dedicación y el desequilibrio patrimonial.

Para la cuantía se valoran la duración e intensidad de la dedicación, los años de convivencia y, en trabajo doméstico, si incluyó crianza o atención a otros familiares (art. 232-5.3 CCCat). Tiene un tope legal: la cuarta parte de la diferencia entre los incrementos patrimoniales de ambos cónyuges (art. 232-6 CCCat), superable solo si el acreedor prueba una contribución notablemente mayor. Se paga en dinero salvo pacto distinto, con aplazamiento posible hasta tres años (art. 232-8 CCCat), y se reclama en el mismo proceso matrimonial, o en tres años desde el fallecimiento si la extinción es por muerte (art. 232-11 CCCat). El Código Civil común también reconoce, en su artículo 1438, una compensación por el trabajo para la casa cuando se extingue el régimen de separación de bienes. No debe confundirse con la liquidación de gananciales. La compensación catalana del artículo 232-5 tiene sus propios requisitos y criterios de cálculo; antes de valorar una reclamación hay que identificar el régimen económico aplicable y los hechos de la convivencia.

Si no hay acuerdo, el juzgado atribuye preferentemente el uso al progenitor con la guarda de los hijos, mientras dure esta (art. 233-20.2 CCCat). Pero la ley matiza mucho ese criterio: si la guarda es compartida, si no hay hijos o son mayores, o si es previsible que la necesidad se prolongue más allá de su mayoría de edad, el uso se atribuye al cónyuge más necesitado, no automáticamente a quien tiene la guarda (art. 233-20.3 y 4 CCCat). Y la atribución, salvo cuando se hace por razón de la guarda, es siempre temporal, con posibilidad de prórroga si se mantienen las circunstancias (art. 233-20.5 CCCat).

En el derecho civil común, el artículo 96 del Código Civil sigue un criterio más rígido: en defecto de acuerdo, el uso corresponde a los hijos comunes menores y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos alcancen la mayoría de edad. El derecho catalán da al juzgado más margen para adaptar la vivienda a la necesidad real, en vez de atarlo de forma casi automática a la edad de los hijos.

El Codi civil considera pareja estable a dos personas que conviven en una comunidad de vida análoga a la matrimonial en cualquiera de estos tres casos: que la convivencia dure más de dos años ininterrumpidos, que tengan un hijo común durante la convivencia, o que formalicen la relación en escritura pública (art. 234-1 CCCat). No pueden constituirla los menores de edad no emancipados, los parientes en línea recta o colateral hasta segundo grado, quien está casado y no separado de hecho, ni quien convive en pareja con una tercera persona (art. 234-2 CCCat).

Al cesar la convivencia, el Codi civil regula los efectos de la pareja estable con remisiones concretas, no como un régimen idéntico al matrimonial: la guarda y las relaciones personales se rigen por los artículos 233-8 a 233-13 (art. 234-7 CCCat); la vivienda tiene reglas propias en el artículo 234-8 y solo remite parcialmente a los artículos 233-20.6 y 7 y 233-21 a 233-25; la compensación por trabajo se rige por el artículo 234-9, que remite a los artículos 232-5 a 232-10. La prestación por desequilibrio se denomina prestación alimentaria y su pensión tiene, por regla general, un máximo de tres anualidades, con la excepción prevista para la guarda de hijos comunes (art. 234-11.3 CCCat).

El derecho civil común no establece una figura estatal única para las parejas de hecho: depende de si hay pacto entre los convivientes y de leyes autonómicas dispersas. Un régimen tan completo, casi calcado del matrimonial, es otra pieza que distingue a Cataluña. Y no hay que confundirlo con la sucesión: qué corresponde al conviviente o al cónyuge superviviente si, en vez de ruptura, lo que ocurre es la muerte de uno de ellos, se trata en herencias y sucesiones en Barcelona.

Con mutuo acuerdo, los cónyuges pueden formalizar el convenio regulador ante notario o letrado de la Administración de Justicia, en escritura pública, con voluntad inequívoca de divorciarse y las medidas que regulan la ruptura (art. 82 y 87 CC). Es una vía estatal, igual en toda España, a la que remite expresamente el artículo 233-2.3 del Codi civil de Catalunya.

La condición que lo cierra es una sola, y es tajante: no cabe esta vía si existen hijos menores no emancipados, o hijos mayores con medidas de apoyo judicialmente establecidas que dependan de los progenitores (art. 82.2 CC, por remisión del art. 87 CC), sean de ambos cónyuges o solo de uno. Los cónyuges intervienen en persona, cada uno con su propio abogado, y ningún funcionario diplomático o consular puede autorizar la escritura (art. 82.1 y 87 CC). La competencia territorial es la del notario del último domicilio común o del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes (art. 54 de la Ley del Notariado).

Los efectos se producen desde la firma de la escritura, aunque frente a terceros de buena fe solo surten efecto desde que se inscriben en el Registro Civil (art. 89 CC). Antes de firmar, conviene revisar el convenio con un abogado propio: una consulta previa en contacto aclara en poco tiempo si el caso encaja en esta vía.