Arraigo social: requisitos, documentos y cómo se pide en Barcelona

El Real Decreto 316/2026, en vigor desde el 16 de abril de 2026, reescribió la letra c) del artículo 127. Hoy el arraigo social se concede por una de estas dos vías:

Con vínculos familiares y medios económicos

Tener vínculos familiares con otras personas extranjeras que sean titulares de una autorización de residencia y disponer de medios económicos suficientes. Los vínculos que cuentan son tres: el cónyuge o la pareja registrada y los familiares en primer grado en línea directa, es decir, padres e hijos. Los medios deben estar disponibles en España y pueden proceder de esos familiares, o de una actividad por cuenta propia si se cumplen los requisitos del artículo 84.

Sin esos vínculos: el esfuerzo de integración

Si no se acreditan esos vínculos, se valora el esfuerzo de integración mediante un informe favorable de la Comunidad Autónoma, o del ayuntamiento si la Comunidad lo ha establecido así. En Cataluña lo emite la Generalitat. Se explica más abajo.

El artículo 126 exige estos requisitos a todas las modalidades, y se cumplen «de forma acumulativa»: si falta uno, se deniega la solicitud entera.

• Estar en España y no ser solicitante de protección internacional, ni al presentar ni mientras se tramita.
• Haber permanecido de forma continuada en España al menos los dos años anteriores a la solicitud (las hojas informativas del Ministerio indican, como criterio administrativo, que las ausencias en ese periodo no pueden superar los 90 días, aunque el Reglamento no fija ese límite; si pidió protección internacional, el tiempo de tramitación hasta la resolución firme no cuenta).
• No representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
• Carecer de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido los cinco años anteriores a la entrada, por delitos previstos en el derecho español.
• No figurar como rechazable en países con convenio con España ni estar dentro de un compromiso de no retorno.
• Pagar la tasa.
• No tener otra autorización de estancia o residencia ni un procedimiento abierto de concesión, prórroga, renovación o modificación (letra h, añadida por el Real Decreto 316/2026).

El Reglamento dice que los medios deben alcanzar, «en todo caso», al menos el 100 % del IPREM. La hoja informativa 28 del Ministerio (actualizada en abril de 2026) explica cómo lo aplica la Administración: debe acreditarse el 100 % del IPREM por el familiar con residencia legal con el que se acredita el vínculo y el 100 % para quien solicita el arraigo, en total un 200 % del IPREM, con independencia de cuántas personas formen la unidad de convivencia. Los medios deben estar disponibles en España.

El IPREM se fija cada año y la cifra se consulta en la fuente oficial del ejercicio en curso. Esta página no da importes en euros a propósito: una cifra caducada hace más daño que ninguna.

Si los medios proceden de una actividad por cuenta propia, la hoja pide además la documentación del artículo 84: la declaración responsable o comunicación previa, o la relación de licencias que exija la actividad, la capacitación profesional y la justificación de la inversión prevista. Las organizaciones de autónomos ATA, UPTA, CIAE, OPA y UATAE pueden emitir un informe de valoración.

• Presentar con otro expediente abierto. Si tiene pendiente una renovación, una modificación o cualquier otra solicitud de residencia, el arraigo no cabe hasta que termine (artículo 126.h).
• Contar mal los dos años. Las salidas de España cuentan: la hoja informativa indica, como criterio administrativo, que no pueden superar 90 días en ese periodo, aunque el Reglamento no fija ese límite. Y el tiempo como solicitante de protección internacional no computa.
• Acreditar solo la mitad de los medios. Por la vía familiar, la Administración pide el 100 % del IPREM por el familiar y otro 100 % por quien solicita, y deben estar disponibles en España.
• Dar por buena una familia que no cuenta. Hermanos, tíos o primos no abren la vía de los vínculos familiares: en ese caso hace falta el informe de integración.
• Presentar un informe caducado. Según la Instrucción SEM 4/2025, el informe vale seis meses desde su emisión.
• Documentos extranjeros sin apostilla ni traducción. Los documentos públicos extranjeros deben ir legalizados o apostillados, salvo convenio, y traducidos al castellano o al catalán por traductor jurado.
• Confiarse a una vía que ya no existe. El arraigo extraordinario del Real Decreto 316/2026 solo podía pedirse hasta el 30 de junio de 2026. Lo explica la guía general del arraigo.