Negligencias médicas en Barcelona: cómo se reclama un daño sanitario

Hay responsabilidad sanitaria cuando la actuación del profesional o del centro se aparta de la lex artis ad hoc —el estándar de diligencia exigible según el estado de la ciencia, los medios disponibles y las circunstancias del caso concreto— y de esa desviación se deriva un daño para el paciente.

Toda reclamación debe acreditar tres elementos, y ninguno se presume:

• La infracción del estándar de diligencia. No basta con que el resultado sea malo: hay que señalar qué debió hacerse y no se hizo, o qué se hizo de manera incorrecta.
• El daño. Concreto, actual y evaluable: una secuela, un agravamiento, una pérdida de oportunidad de curación.
• La relación de causalidad entre uno y otro. Es el punto donde se pierden la mayoría de las reclamaciones, porque el paciente suele partir de una patología previa que ya causaba daño por sí misma.

Existe además una figura intermedia que los tribunales aplican con frecuencia: la pérdida de oportunidad. Cuando no puede afirmarse con certeza que una actuación correcta habría evitado el daño, pero sí que privó al paciente de una posibilidad real de mejor resultado, se indemniza esa posibilidad perdida, no el daño completo.

1. Solicitar la historia clínica completa

   Es un derecho del paciente y el primer paso material de cualquier reclamación. Hay que pedirla entera: evolutivos, hojas de enfermería, informes de pruebas con sus imágenes, protocolo quirúrgico, hoja de anestesia y documentos de consentimiento. Una historia entregada de forma incompleta es, por sí sola, un dato relevante.

2. Informe pericial médico

   Es la pieza central. Un especialista de la misma rama analiza la historia y dictamina si hubo desviación del estándar exigible y si esa desviación causó el daño. Sin un informe favorable no es aconsejable reclamar: el desgaste y el coste no se justifican. El despacho trabaja con una red de peritos médicos especializados en las distintas áreas.

3. Reclamación extrajudicial

   Se dirige a la aseguradora de responsabilidad civil del centro o del profesional, o a la Administración sanitaria si el centro es público. Muchos asuntos se resuelven en esta fase, con acuerdo económico y sin procedimiento judicial.

4. Vía judicial

   Si no hay acuerdo, se presenta demanda o recurso, según el cauce que corresponda. El informe pericial se ratifica en juicio y se somete a contradicción con el de la parte contraria.

El plazo es de un año, tanto para la reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración sanitaria como para la acción extracontractual frente a un centro privado. La clave está en el dies a quo: no se cuenta desde la intervención, sino desde que se conoce el alcance definitivo del daño, es decir, desde la estabilización de las secuelas o desde el informe que las determina.

Cuando la relación con el centro privado es contractual, el plazo puede ser más amplio, pero conviene no confiar en ello: la calificación de la acción es discutible y el juzgado puede no compartirla. La regla prudente es actuar dentro del año y dejar constancia fehaciente de cada reclamación, que interrumpe la prescripción.

Conviene tener presente, además, que la tramitación de estos asuntos se ha visto afectada por la reforma de la organización judicial que explica la guía sobre la Ley Orgánica 1/2025 y los Tribunales de Instancia.